Elmer Labañinos Ramos tiene 67 años y se siente desamparado. Internacionalista en Angola, es uno de los miles de ancianos cubanos que no pueden comprar lo más esencial para vivir.
Según el quinto Informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado por el Observatorio cubano de derechos humanos (OCDH) en 2022, de los adultos mayores de 60 años encuestados solo el 20% conseguía los medicamentos que necesitaban, más del 60% tenía limitaciones en la compra de los productos básicos, y el 18% vivía en casas con peligro de derrumbe.
Tras el triunfo de la Revolución cubana, el sistema de pensiones de reparto universal, para el sostén de las personas de la tercera edad, se presentó como uno de los logros sociales del proceso de cambio. Cada persona al arribar a la edad de jubilación recibiría una compensación que le debería garantizar su autonomía económica.
Las últimas seis décadas demostraron lo contrario. Hoy los pensionados en Cuba están inmersos en una situación de precariedad y dependencia económica que repercute en temas de salud física y mental, los empuja a la reinserción en el mercado laboral ―formal e informal― y aumenta su vulnerabilidad.
Para fomentar el diálogo sobre el contexto demográfico cubano, la Universidad de Harvard, de Estados Unidos, y la casa de altos estudios Sorbona Nueva, de París, efectuaron el encuentro académico «La crisis social vista por los retos del cuidado y envejecimiento en Cuba». El debate de los investigadores arroja nuevas luces sobre el problema de las pensiones en la nación caribeña.
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