Tan pronto como asumir la posesión del Estado el 1ro de enero, Lula y Márcio França anunciaron que se firmará la marcha atrás de la privatización del Puerto de Santos, que había puesto en marcha el presidente Bolsonaro, anulando inversiones millonarias.
El político socialista y futuro Ministro de Puertos y Aeropuertos del Gobierno electo, Márcio França, anunció que tan pronto asuma sus funciones como Ministro se anulará completamente el proceso de privatización del Puerto de Santos, el más importante de Sudamérica.
La privatización del puerto había sido programada por el Gobierno de Jair Bolsonaro para el año próximo, y se había desarrollado un borrador de aviso de concesión para el Tribunal Federal de Cuentas de Brasil. La marcha atrás con la iniciativa significa el fin de las inversiones millonarias que disponían la capitalización y revitalización de las actividades portuarias.
França explicó que, si bien el Gobierno de Bolsonaro había logrado incluir algunas concesiones de áreas dentro del puerto, la subasta de la totalidad de la autoridad portuaria será cancelada y esta seguirá siendo propiedad del Estado.
Alegó que el objetivo del próximo Gobierno será reducir a una mínima expresión la competencia en el sector portuario, en un claro perjuicio en contra de los consumidores brasileños.
“Los temas portuarios y de transporte aéreo son estratégicos para el país. No me parece que tenga mucho sentido que compitamos con otras empresas estatales de otros países para competir con nosotros”, anunció el futuro Ministro.
La opinión del Presidente electo Lula da Silva acerca de las concesiones y las privatizaciones de Bolsonaro es públicamente conocida, reconociendo incluso en campaña electoral la frontal oposición de la política económica de los últimos cuatro años.
Aún así, el futuro Ministro prometió (en principio) respetar las concesiones que ya fueron establecidas, la mayor parte de las mismas constituyen terminales privadas dentro del establecimiento. Sin embargo, también añadió que muchas concesiones todavía no fueron homologadas, y quedarán “sujetas a revisión” por las autoridades del próximo Gobierno.
“No tenemos problemas con tener concesiones privadas, pero necesitamos tener algunos controles. Hoy hay, por ejemplo, algunas concesiones que se hicieron y las subvenciones no se pagaron. Tenemos que revisar esto. Pedimos que se postergue todo para que el Presidente pueda dar su opinión”, detalló França.
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