Senadores republicanos denunciaron al Fiscal General que la Casa Blanca no quiere responder al pedido de la justicia argentina un perfil de los tripulantes iraníes del avión de Emtrasur.
La senadora republicana Joni Ernst le envió una carta al fiscal general Merrick Garland pidiendo que le responda al gobierno argentino, que ha pedido información acerca de los tripulantes del avión de la empresa venezolana que llevaba cinco pasajeros iraníes, aparentemente vinculados a las Fuerzas Quds.
Según Ernst, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos posee información clave sobre los cinco iraníes que se mantienen retenidos en Argentina vinculados al caso del avión ilegal de Emtrasur, “pero la administración de Joe Biden ignora sospechosamente las solicitudes hechas por la justicia argentina, incluso en virtud de las obligaciones del tratado entre los dos países“.
En la carta, la senadora dice que “después de que los iraníes— con vínculos directos con la organización terrorista Guardia Revolucionaria Iraní — fueran detenidos en Argentina a principios del mes pasado, la administración de Biden se ha negado a proporcionar a los funcionarios argentinos encargados de hacer cumplir la ley información que confirme los vínculos con actividades terroristas“.
La senadora de Iowa exige explicaciones por la demora en responder el pedido argentino y plantea “si el hecho de no confirmar los vínculos terroristas con un importante aliado estadounidense fuera de la OTAN, podría deberse a la continua, desesperada, y la búsqueda profundamente equivocada de un acuerdo nuclear con Irán“.
Ernst afirma que la demora “sugiere una priorización de otras partes de la agenda de esta administración, como las negociaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear iraní“. Cabe recordar que Biden está desesperadamente intentando que el régimen iraní acepte volver a firmar un acuerdo nuclear, como el que había firmado Obama en 2015.
“Si resulta que el Departamento de Justicia del presidente Biden está retrasando e ignorando deliberadamente las solicitudes del poder judicial argentino para llevar a cabo su investigación, incluso frente a las obligaciones del tratado, todo para priorizar la búsqueda desesperada y equivocada de la administración de un nuevo acuerdo nuclear con Irán, sería una vergüenza y completamente inaceptable“, acotó.
Ernst advirtió que se necesitan garantías de inmediato de que se proporcionará información vital a las autoridades argentinas que investigan el caso de la tripulación iraní arrestada, “junto con una explicación completa del retraso”.
El caso del avión venezolano-iraní
El 6 de junio del 2022, aterrizó en Argentina un avión de Emtrasur Cargo (propiedad de Venezuela) con una tripulación que incluía cinco iraníes, con al menos un miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Tras la inspección, la policía federal argentina descubrió que la carga del avión contenía tecnologías de inteligencia y hardware militar relacionado, lo que proporcionaba una sospecha creíble de actividades malignas relacionadas con operaciones cibernéticas y de inteligencia.
Además, el piloto de esta aeronave, Gholamreza Ghasmei, es el director ejecutivo de Qeshm Fars Air, aerolínea iraní sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El IRGC, una organización paramilitar iraní designada como terrorista, suele usar aviones de la línea Fars Air para contrabandear armas, lo que genera dudas sobre la posible participación de Ghasmei en la entrega de materiales letales que apoyan los esfuerzos de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods en la región latinoamericana. Como resultado de las investigaciones, el gobierno de Argentina detuvo el avión por orden judicial y actualmente retiene los pasaportes de los pasajeros y la tripulación.
El poder judicial argentino, a través de un proceso estándar que se denomina programa del Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT), solicitó información al Departamento de Justicia sobre la posible participación del avión y su tripulación en apoyo del terrorismo internacional desde hace dos meses sin que el gobierno de Joe Biden haya cumplido con lo acordado por el acuerdo.
Acompañando a la senadora Ernst, la carta al Fiscal General está firmada por los senadores Chuck Grassley (R-lowa), Lindsey Graham (R-S.C.), Pat Toomey (R-Pa.), Marco Rubio (R-Fla.), Ted Cruz ( R-Texas), Bill Cassidy, M.D. (R-La.), James Lankford (R-Okla.), Tom Cotton (R-Ark.), Kevin Cramer (R-N.D.), Rick Scott (R-Fla. ), y Bill Hagerty (R-Tenn.).
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