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Biden propone cuadruplicar el impuesto a la recompra de acciones pero aumentar en US$ 200.000 millones al déficit fiscal cada año

El Presidente expuso su política fiscal para 2023 como parte de su discurso del Estado de la Unión. Propone una segunda fase de la reforma tributaria para volver a aumentar los impuestos y abandonar completamente la disciplina fiscal. 

El presidente Joe Biden explicó los lineamientos principales de su política económica como parte de su discurso presentando ante el Congreso el estado de la Unión. No solo no se abordan los desafíos y las problemáticas actuales de la economía estadounidense, sino que se complejiza todavía más el código fiscal y se propone otro aumento impositivo.

Las medidas del Gobierno pretenden una nueva reversión parcial de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017, sancionada por el expresidente Donald Trump. Los impuestos en la mira del oficialismo son particularmente distorsivos para la actividad económica.

Al mismo tiempo se propone reactivar los programas de asistencia y estímulo fiscal, a pesar de que la pandemia terminó hace 3 años y con ella la emergencia. Estas medidas prometen boicotear el ordenamiento de las finanzas públicas, en un contexto en el cual Estados Unidos no logra arribar al superávit fiscal primario desde abril de 2008



Impuesto a la recompra de acciones

El presidente Biden propuso cuadriplicar el impuesto especial del 1% aplicado sobre la recompra de acciones por parte de empresas, dando así una nueva alícuota apostada en el 4% sobre la misma base. 

Se debe tener en cuenta que las sociedades tienen dos formas principales para devolver valor a sus accionistas: la primera mediante la transferencia de dividendos y la segunda mediante la recompra de acciones por la propia empresa. El impuesto de Biden buscaría “desalentar la ganancia” y alentar la inversión, pero se estima que cerca del 95% de las recompras accionarias se reinvierte posteriormente en otras empresas

Muy lejos de arribar a su objetivo, el impuesto podría inducir al efecto opuesto: una mayor carga fiscal para la recompra de acciones incentiva activamente la otra vía para la devolución de valor a los accionistas, que son los dividendos. El impuesto revaloriza los dividendos, alienta a la descapitalización de las empresas y penaliza la inversión, todo lo contrario de lo que pretende. 

A pesar de llevar tan solo un mes de aplicación (pues entró en vigencia en enero), los contribuyentes deberán enfrentar nuevos cambios que impiden la previsibilidad. La Tax Foundation estima que el aumento impositivo en esta materia generará una recaudación de hasta US$ 185.000 millones en los próximos 10 años.



Impuesto mínimo a las ganancias de capital

Después de haber reintroducido el impuesto mínimo a las ganancias contables corporativas en 2021 (un impuesto que había estado en vigencia entre 1986 y 2017), el presidente Biden ahora propone establecer otro impuesto pero esta vez sobre las ganancias “no realizadas” sobre acciones y bonos.

Las personas físicas con un patrimonio neto superior a los US$ 100 millones estarán sujetos a la tributación del impuesto, y deberán pagar una tasa mínima fijada en el 20% sobre las ganancias de capital correspondientes, de tal forma de que siempre se pague esta tasa como mínimo.

Los cambios generan una complejización severa para el código fiscal. Cada persona sujeta al impuesto deberán calcular su tasa efectiva de tributación del impuesto a la ganancia de capital. Una vez hecho esto, si cayera por debajo del 20%, entonces se genera automáticamente una obligación con el Estado por la diferencia.

Esto es completamente independiente de si el activo de referencia para la ganancia de capital (bonos, acciones, etc) fue realmente vendido o no, y por eso se le llama “ganancias no realizadas”. Fiscalizar este impuesto será extremadamente complejo tanto para los contribuyentes como para el Servicio de Impuestos Internos, que deberá aumentar sus costos para hacer funcionar el sistema impositivo. 



Aumento del gasto público

El presidente Biden propone la reactivación de los programas de estímulo fiscal y asistencia familiar, a través de la extensión del Crédito Tributario por Hijos, tal y como ocurrió con el “American Rescue Plan” en marzo de 2021.

El programa propone postergar la derogación del beneficio máximo por hijo de US$ 2.000 a US$ 3.000 para personas de entre 6 y 17 años, y US$ 3.600 para menores de 6 años. Estas medidas comprometen dramáticamente la responsabilidad fiscal del Gobierno federal. 

Solamente por la extensión del paquete de estímulo fiscal, el Gobierno añadirá un costo de hasta 1,6 billones de dólares en los próximos 10 años, un incremento anual de hasta 200.000 dólares al déficit fiscal presupuestado

Las medidas fiscales anunciadas arrojan costos considerablemente superiores a los que podrían compensarse con los aumentos impositivos. El impuesto mínimo a las ganancias de capital recaudará hasta 360.000 millones de dólares durante los próximos 10 años, el impuesto a la recompra de acciones 185.000 millones, y el aumento del gasto público supone un costo de 1,6 billones. 

Asimismo, los analistas estiman que el programa fiscal desalienta activamente la oferta laboral. Se debe tener en consideración que la tasa de empleo aún no logró recuperarse del shock por la pandemia, pese a que la desocupación sí lo hizo. Esto es evidencia del aumento de la población pasiva en relación al total, el retiro de personas del mercado laboral. Las nuevas medidas fiscales y tributarias solo profundizan la tendencia.



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