La Misión de Hechos Independientes de Naciones Unidas sobre Venezuela determinó en 2021 que el poder judicial venezolano está «carente de independencia» y que es cómplice en la represión estatal. Más tarde, a inicios de este año, Michelle Bachelet, alta comisionada de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, manifestó que veía con buenos ojos la medida de reforma que anunció la administración de Nicolás Maduro para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, un mes después de vencerse el lapso legal para cumplir con la designación de los nuevos magistrados, hicieron la «renovación». Sí, en comillas, pues el 60% de los 20 elegidos repitieron en su cargo.
Ello empañó la esperanza de justicia que tenían las víctimas de violaciones a derechos humanos en Venezuela, aseguraron Alí Daniels y Ana Leonor Acosta, abogados y directores de las ONG Acceso a la Justicia y Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, respectivamente, durante el foro de TalCual : «Nuevo TSJ: ¿qué le espera al sistema judicial venezolano?».
«Es el peor proceso para escoger a magistrados, porque desde la reforma ya hubo un fraude muy grave a la Constitución, que establece que no pueden ser reelegidos. Un magistrado puede ser electo por un período único de 12 años», explicó Daniels. En este nuevo grupo hay unos que cumplirán entonces hasta 24 años en ejercicio. La buena de fe de Bachelet «quedó decepcionada», incluso después de que considerara positivo que se extendiera el lapso de postulaciones de los nuevos jueces, dijo el jurista.
Pero la baja alternancia es solo una de las fallas presentes en el nuevo TSJ. Que los magistrados no estén lo suficientemente calificados para hacer su trabajo también es un problema y que los suplentes tengan mejor currículo que los principales «llama la atención» a Acosta, además de la militarización de la corte que, aunque no es algo reciente —pues también se ha visto en ministerios y otras instituciones—, ha ido aumentando progresivamente.
«Es importante señalar que no tuvimos acceso al baremo (usado para escoger a los magistrados). No sabemos las credenciales de todos y no hay información oficial de cómo se evaluaron. Solo conocemos el proceso final. (…) Por primera vez hay dos oficiales de la FAN como magistrados del TSJ. Hay una especie de militarización en la corte. Uno venía de la corte marcial y otro de la fiscalía militar. No tienen credenciales para ser magistrados», explicó la directora de la Coalición por los DDHH.
En ese sentido, Daniels acotó también que Juan José Mendoza, que era militar, fue magistrado. «Pero la presencia de uno ahora se multiplica por dos», y además vienen de la justicia militar, que en Venezuela, según señaló, históricamente ha sido la que menos independencia e imparcialidad ha tenido a lo largo de los años.
Sobre la independencia del organismo, Acosta expresó su preocupación al respecto, y rechazó que la persona de mayor perfil político en el TSJ, que es Gladys Requena, fuese del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hasta el día antes de ser designada como directora del tribunal. Y no solo era diputada en funciones, sino que también formó parte del Comité de Postulaciones Judiciales que evaluó a los candidatos.
«El TSJ sigue teniendo inclinación política, porque los magistrados tienen una vinculación con el gobierno de Nicolás Maduro para manipular la justicia. No hay expectativas sobre esto, pero evaluaremos desde la Coalición. No hay razón para que cambien las cosas con esta ‘reforma’», sentenció la abogada.
