El reporte se brindó días después que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, reconociera que la 4T “no ha podido remontar” la violencia contra periodistas.
Por infobae.com
México es un país donde la impunidad e inseguridad amenazan la vida de quienes ejercen el periodismo, razón por la cual la nación se ha colocado como una de los más peligrosos para dicha profesión.
En un esfuerzo por agilizar el acceso a la justicia para las y los 55 periodistas asesinados en la actual administración, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) actualizó los avances en las investigaciones de los primeros tres homicidios del 2022: José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado.
Margarito Martínez y Lourdes Maldonado fueron asesinados el pasado 13 y 27 de enero, respectivamente, en Tijuana, Baja California: ambas muertes habrían sido orquestadas por un grupo remanente del Cártel de los Arellano Félix – cuyos miembros se encuentran entre los más buscados del municipio.
Así lo dio a conocer Ricardo Mejía, Subsecretario de la SSPC, quien, además, confirmó que los actos delictivos habrían sido en razón de las denuncias que ambos profesionales realizaban contra dicha célula en su ejercicio periodístico.
“Hay una vinculación entre el homicidio de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez con un mismo grupo criminal que es un remanente de los Arellano Félix”.
Mejía detalló que el asesinato de Lourdes sería una represalia por parte de un grupo de narcomenudistas que operaban en la zona donde ella vivía: “Llegaban patrullas, perseguían a estos sujetos y en represalia de esta actuación la habrían victimado”, comentó.
Cabe señalar que lo pronunciado desmentiría la versión que la Fiscalía General del Estado (FGE) brindó el pasado 10 de abril, en la cual descartó su trabajo periodístico como móvil del asesinato.
Hasta el momento, se han detenido a tres presuntos asesinos vinculados a proceso por el homicidio de la periodista de Sintoniza Sin Censura . En tanto, con Margarito Martínez se vincularon a 10 presuntos responsables, entre ellos, el líder de la célula identificado como Christian Adán “N”, alias El Cabo 16 o Jaguar.
Por su parte, también se informó sobre el asesinato de José Luis Gamboa, del pasado 10 de enero, cuyo presunto homicida, Eduardo “N” – detenido el 25 de abril -, fue identificado como su sobrino.
Pese a señalar que ambos sostenían rencillas familiares por asuntos hereditarios, Mejía comentó que José Luis también había denunciado a Eduardo por estar involucrado en situaciones ilícitas; esto, sin confirmar si dicho acto habría incidido para la comisión del crimen.
Hasta el momento, recordó, este último se encuentra en proceso de investigación, mientras que la Secretaría mantiene la búsqueda para la aprehensión de un segundo posible responsable.
“Todos los peritajes dan cuenta que Eduardo, junto con otra persona habrían privado de la vida en el puerto de Veracruz a José Luis Gamboa”.
En tanto, avances en las investigaciones del asesinato de Heber Fernando López (10 de febrero en Salinas Cruz, Oaxaca) arrojaron que sus presuntos dos responsables ya vinculados a proceso lo victimaron, de igual modo, por el ejercicio de su labor periodística.
“El móvil del asesinato habría sido publicaciones que realizó y que agraviaron la grupo que está atrás de los autores materiales. Se tiene identificado a un posible autor intelectual”.
De los casos mencionados, el de Heber es el único atraído por la Fiscalía Especializada por los Delitos de Libertad de Expresión, de la Fiscalía General de la República (FGR).
El informe de la SSPC en la mañanera suscitó tan solo unos días después que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), volviera a reconocer la ineficiencia del Mecanismo de Protección, así como la dificultad de la Cuarta Transformación (4T) para remontar la problemática de violencia; especialmente, a raíz del alza de violencia registrada durante el primer trimestre del 2022.
